QUIM Brugué. La intensidad de la crisis está justificando muchas actuaciones que, en otros momentos, habrían sido muy discutidas. Usando las restricciones financieras como coartada se privatizan servicios públicos, se modifican las condiciones de los empleados públicos y se debilitan las instituciones democráticas. No voy a entrar ahora a debatir si estas iniciativas se hacen a regañadientes (forzados por las circunstancias) o con entusiasmo (aprovechándolo para desplegar una especie de agenda oculta). Yo tengo mi opinión; pero no es más que eso, una opinión.

De las muchas instituciones públicas sospechosas de mal funcionamiento y amenazadas de derribo, hay una de la que no se habla lo suficiente: los gobiernos locales. Los 947 ayuntamientos de Cataluña y los miles de electos locales están sufriendo una enorme campaña de descrédito y, a su amparo, un duro ataque a lo que han sido desde las primeras elecciones democráticas de 1979. Los anteproyectos de reforma de las leyes de gobiernos locales, tanto en Cataluña como en España, son la punta de lanza de esta ofensiva.

Defenderse de esta ofensiva no implica justificar las malas prácticas o la corrupción de algunos ayuntamientos. Nada más lejos de mi intención; al contrario, soy de los que considera que en estos casos habría que ser muy contundente, exigir dimisiones y, dado el caso, responsabilidades penales. Ahora bien, tampoco me parece aceptable un discurso que -convirtiéndose el caso en categoría- niegue la indudable contribución que han hecho los ayuntamientos a la calidad de vida de la ciudadanía y el progreso de nuestros pueblos y ciudades. tras 34 años de democracia local, los ayuntamientos han provisto servicios de proximidad, han profundizado la relación democrática entre gobierno y ciudadanía y han dado respuesta a profundas transformaciones sociales y económicas, mostrando flexibilidad y capacidad de innovación. Y todo ello lo han hecho siendo el nivel administrativo más débil y, a pesar de esto, lo que ha generado menos endeudamiento.

Para conseguir estos resultados nuestros ayuntamientos no han escondido detrás de la seguridad de las rutinas administrativas. No s'han limitat un executar, con mayor o menor eficiencia, decisiones tomadas por otros. No han usado el escudo de un marco competencial y financiero deficitario para acotar sus responsabilidades. así antónimos, han tomado decisiones y se han responsabilizado de lo que interesaba y afectaba a su comunidad, independientemente de si estaba o no previsto en las regulaciones. Lejos de la protección y la tranquilidad de las certezas administrativas, nuestros ayuntamientos han reivindicado y han ejercido la voluntad de hacer política y de incidir, intencionalment, en el presente y el futuro de su comunidad.

Esta voluntad de hacer política es la que hoy está bajo sospecha y amenazada por todos aquellos que prefieren convertir nuestros ayuntamientos en operadores residuales de competencias mínimas. Aprovechándose de una coyuntura donde el descrédito de la política y de los políticos es tan intenso, muchos de los responsables estatales y autonómicos se han dejado arrastrar por la deriva populista que los lleva a considerar que, sin política y sin políticos, los ayuntamientos funcionarán mejor. El argumento es tan falaz como sencillo: nos desharemos de un grupo de trepas y, además, ahorraremos. ¿Qué más podríamos pedir?

Estos días he podido leer las 82 páginas del anteproyecto de Ley de gobiernos locales de Cataluña y, desgraciadamente, comprobar cómo supura desconfianza y amenazas para los 947 ayuntamientos de Cataluña. Tanto en la declaración de intenciones que encontramos en el preámbulo como en los objetivos fijados en el primer artículo se hace patente la voluntad de colocar a los gobiernos locales una especie de cinturón de castidad, no sea que se animaran a vivir la vida. Se trata, parece ser, de anestesiar sus fuerzas para evitar cualquier iniciativa. Los ayuntamientos habrían sido una especie de irresponsables alocados a los que tenemos que controlar, aunque sea con una camisa de fuerza. Por eso, el anteproyecto de ley fija 5 objetivos: "clarificar funciones", "Asegurar sostenibilidad financiera", "Simplificar las estructuras", "Mejorar la calidad de los servicios" y "definir el sistema de relaciones" entre los ayuntamientos y la Generalitat (artículo 1). Todos es "racionalizar" y "clarificar", ya que, al parecer, los ayuntamientos han sido irracionales y se han excedido en sus funciones. Ya no es una sospecha, es una sentencia.

El anteproyecto, d’altra banda, tiene claro cómo conducir los gobiernos locales hacia el camino de la salvación. La fórmula es simple: una vez castrados se volverán instituciones más dóciles y, de esta manera, se limitarán a hacer lo que nosotros les indicamos. A este nosotros -el Gobierno de la Generalidad- se le supone un cúmulo de virtudes, de racionalidad y de prudente sabiduría. Por eso este super-nosotros se reserva la facultad de indicar, controlar, evaluar y limitar las actuaciones de los alocados entes locales. El intrusismo y el tono de superioridad moral del texto es tal que incluso se han permitido introducir conceptos como reasignación: "Las competencias que las leyes atribuyen a los municipios (…) Pueden ser objeto de reasignación "(artículo 18). Y no sólo se les indica que deben hacer, sino también cómo y con qué instrumentos. Sólo algunos ejemplos:

  • "La Generalitat regulará los estándares de calidad de los servicios mínimos" (39.2)
  • "La Generalitat regulará reglamentariamente el procedimiento para la reasignación de los servicios" (40.2)
  • "La Generalitat establecerá reglamentariamente (…) Los criterios y procedimientos de evaluación (46.2)
  • "Los municipios (…) Deben elaborar y aprobar un programa de actuación municipal que incluirá en todo caso (…) "(49.1)

parece que, por nuestros legisladores, ante la complejidad y la volatilidad del mundo actual, la mejor respuesta no se encuentra en potenciar la flexibilidad, el emprendimiento o la capacidad de innovación. La mejor respuesta, en cambio, la encuentran en un Max Weber ofuscado que, desde las atalayas de la administración autonómica, dicta y controla hasta los mínimos detalles. Este es el espíritu de un anteproyecto que no reconoce los conocimientos acumulados por los ayuntamientos, que les niega la capacidad de tomar decisiones, que olvida el papel de la ciudadanía y normativiza la voluntad de profundización democrática y que, en definitiva, utiliza la sonrisa populista de la despolitización para derribar uno de los ingredientes fundamentales de nuestra democracia. Si las sospechas y las amenazas que impregnan este anteproyecto progresan, pronto, para entender cómo funciona el Departamento de Gobernación de la Generalitat y cómo se relaciona con los ayuntamientos tendremos que recuperar una vieja lectura: El Castillo, de Franz Kafka.